JUEZ IMPARCIAL

 

DERECHO PROCESO DEBIDO:

JUEZ IMPARCIAL

Dos sentencias de distintos órganos de finales del 2014 que revocan la de instancia por vulneración del derecho al juez imparcial  por la participación activa del juzgador y Tribunal contra la defensa.

STS 27/11/2014

Ponente: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torres

(Tol 4.561.624)

SEGUNDO: En el caso presente la parte considera que el Presidente del Tribunal y ponente de la causa se extralimitó en su función de dirigir los debates, llegando a asumir la responsabilidad de interrogar por sí mismo a acusados y testigos, e incluso a reprender al letrado del recurrente.

En este punto como ya dijimos en SSTS. 31/2011 de 2.2 y 79/2014 de 18.2 , la LECrim. en una interpretación ajustada a los principios constitucionales, contempla una relativa pasividad del Tribunal encargado del enjuiciamiento. Ello no impide la dirección del plenario, ni que solicite al acusado o a algún testigo alguna aclaración sobre el contenido de sus declaraciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 708 de la LECrim , que aunque solo se refiere al testigo, se ha extendido en la práctica común a los acusados. No obstante, la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad ( STS nº 538/2008, de 1 de setiembre ; STS nº 1333/2009, de 1 de diciembre ) que precisa que la jurisprudencia no entiende que el art. 708 LECrim, quebrante en sí la imparcialidad del juzgador, sino que para salvaguardar ese deber fundamental exige el uso moderado del art. 708, de modo que no exceda del debate procesa tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limita a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación. El Tribunal Constitucional, en la STC nº 229/2003 y en la STC 334/2005 , entendió que el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta.

Pues bien insiste el motivo en que el Presidente del Tribunal formuló a este recurrente Cipriano un total de 7 preguntas, alguna de las cuales conteniendo juicios de valor como que no hubiera existido ningún problema con la aseguradora si se hubiera hecho constar que el conductor era Borja o que si se tratara de agilizar el cobro por parte del seguro, lo que debería haberse hecho era primera reparar el coche, pagar la reparación a continuación y después ver lo que se hace con el seguro.

Al otro acusado Estanislao, agente de la Guardia Civil, un total de 12 preguntas, gran parte de ellas sobre si era lógico o no el itinerario seguido por el conductor del vehículo.

Y en cuanto a los testigos a Sixto, compañero Guardia Civil del segundo acusado, que en el juicio admitió haberse equivocado en el reconocimiento fotográfico en sede policial 20 preguntas. Dionisio, persona que acudió al lugar del siniestro a llevarse al conductor y a su acompañante, así como las defensas desprendidas del automóvil, un total de 9 preguntas. Y a Borja, quien había afirmado ser el conductor del automóvil hasta 30 preguntas, siendo significativa una de ellas: “Le vuelvo a hacer la pregunta que le hizo el Ministerio Fiscal: ese día en concreto ¿quién le dejó el coche?”.

Interrogatorios que no se produjeron con los testigos que sostuvieron la tesis del Ministerio Fiscal: Silvio, conductor de la grúa, y Marí Juana , letrada de la Mutua Madrileña.

Y por último, destaca el incidente suscitado, durante el interrogatorio de esta última testigo, entre el letrado del recurrente, suscribíente del recurso y el Presidente del Tribunal, quien reprendió a dicho letrado en los siguientes términos: “cuando yo hablo, usted se calle, cuando yo interrumpo, usted se calla y retoma la palabra cuando se la conceda y no me vuelva a rebatir. Lo que he oído, lo he oído yo y eso que acaba usted de decir es mentira, lo que dijo el gruista lo oímos todos, menos usted, por lo que se ve”.

Expresiones éstas y comportamiento del Presidente durante los interrogatorios de los acusados y testigos que deben considerarse como determinantes de una perdida de imparcialidad y neutralidad, proscritos por nuestra jurisprudencia, citando en su apoyo las SSTS. 209/2008 de 28.4 , y 780/2006 de 3.7 .

El recurrente tiene razón y el motivo ha de ser estimado.

Como hemos recordado en la STS. 674/2013 de 13.7 , la facultad del Presidente del Tribunal de formular preguntas a los testigos que comparecen en el acto del juicio oral -decíamos en nuestra STS 209/2008, 28 de abril, está expresamente aceptada por el art. 708 párrafo 2 de la LECrim .En él se dispone que: “El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren “. Este precepto, limitado en su literalidad a las preguntas formuladas a los testigos (no a los peritos) encierra, sin embargo, las claves para resolver las quejas acerca de la quiebra de la imparcialidad que el recurrente atribuye a quien dirigía los debates. Los arts. 723 a 725 de la LECrim, en los que se define el régimen jurídico de la prueba pericial en el acto del juicio oral, no contienen una mención expresa a las facultades que el art. 708 reconoce al Presidente. Incluso, el inciso final del art. 724 parece sugerir la limitación del interrogatorio, con carácter exclusivo, a las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan. No rige el mismo criterio cuando la ley procesal se ocupa de regular el informe pericial, no como prueba, sino como diligencia de investigación a practicar durante la fase de instrucción. En él se establece que: “El Juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus defensores, hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias”.

Es más que probable que la necesidad de modular el significado del principio acusatorio en las distintas fases del procedimiento penal, explique esa diversidad de tratamiento. Sea como fuer, carecería de sentido incluir entre las notas definitorias de nuestro sistema el silencio del órgano decisorio, su resignada abstención, en el momento en el que el experto llamado a esclarecer sus dudas sobre una determinada ciencia está exponiendo su informe. Se impone, pues, la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del Juez que con su actuación busca suplir las deficiencias de la acusación, lo que implicaría una visible quiebra de su estatuto de imparcialidad, y la de aquel que sólo persigue aclarar algunos de los aspectos sobre los que ha versado la prueba pericial y que las preguntas de las partes no han logrado esclarecer suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna.

La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del alcance de la facultad que, con carácter general, el art. 708.II otorga a la Presidencia del Tribunal. De hecho, no han faltado resoluciones que estiman vulnerado aquel principio por la actitud del Presidente del Tribunal que, al constatar que el acusado se acogía a su derecho a guardar silencio, formuló “… toda una batería de preguntas inequívocamente incriminatorias que el acusado respondió afirmativamente” ( STS 291/2005, 2 de marzo ). Idéntico criterio ha sido proclamado por esta Sala cuando el Presidente interrogó al acusado durante diez minutos formulándole más de sesenta preguntas, siendo irrelevante que en el transcurso de ese interrogatorio advirtiera al acusado que, pese a sus preguntas, aquél tenía derecho a guardar silencio ( STS 780/2006, 3 de julio ). También hemos abordado la erosión que, acerca de la exigida imparcialidad del órgano decisorio, pudo haber generado un único comentario hecho por la Presidenta del Tribunal, a raíz de la respuesta del acusado cuando fue interrogado acerca de si condenaba o no el terrorismo de ETA. Ante la negativa del imputado a responder a esa pregunta, quien dirigía los debates afirmó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta.” A lo que el acusado respondió: “Y yo que iba a hacerla. ” (cfr. STS 31/2011, 2 de febrero ).

No faltan otros precedentes que han puesto el acento en el significado procesal de esa iniciativa, perfectamente compatible con el exigido estatuto de imparcialidad del órgano decisorio. Así, la STS1084/2006, 24 de octubre , tuvo oportunidad de precisar que: “La doctrina reconoce que una cierta iniciativa probatoria del Juez penal no es incompatible con el principio acusatorio y con el derecho al Juez imparcial; y, a este respecto, se pone de manifiesto que, en el ámbito de nuestro entorno europeo, los ordenamientos jurídicos de los Estados que han suscrito los mismos tratados internacionales que España (Alemania, Italia, Francia, Portugal) admiten con distintos matices y amplitud la iniciativa del Juez penal en materia probatoria.” (244, II del CP Alemán, art. 507 del Código Procesal italiano, art. 340.1º del Código Procesal portugués, art. 310 del Código Procesal francés).

“En el plano jurisprudencial, es indudable que esta Sala no ha marcado una línea totalmente definida sobre esta cuestión. En todo caso, se admite mayoritariamente la denominada «prueba sobre prueba», que es aquella «que no tiene la finalidad de probar hechos favorables o desfavorables sino de verificar su existencia en el proceso» (cfr. STS de 16 de junio de 2004 ), e incluso, en la STS de 31 de mayo de 1999 , al analizar la posibilidad de que el Tribunal formule preguntas a los testigos para clarificar los hechos sobre los que declaran, se afirma que tal iniciativa constituye «una facultad que, utilizada moderadamente, no afecta a la imparcialidad del presidente, ni en los juicios ordinarios ni en los juicios con jurado, y puede permitir aclarar algún aspecto del testimonio que haya resultado confuso». En esta misma línea, la STS de 28 de septiembre de 1994 declaró que «ha de recordarse que, conforme autoriza el art. 708, párrafo segundo, de la LECrim , el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren. Es decir, no tratándose de incorporar nuevos presupuestos fácticos, sino de abundar en el esclarecimiento y precisión de los hechos nucleares objeto del debate, el Presidente, en afán de depurar los mismos, podrá efectuar preguntas, complementarias en cierto modo de las formuladas por las partes, al objeto de una mejor y más real configuración del acaecer histórico, sin que ello pueda interpretarse como una vulneración de la imparcialidad que ha de presidir al Tribunal ni atentado alguno al principio acusatorio que gobierna el proceso penal. El derecho a un proceso con todas las garantías permanece incólume. La fidelidad al principio acusatorio no puede exasperarse de tal modo que reduzca al Juzgador a un papel absolutamente pasivo, incapaz, en momentos en que tiene ante sí a cualificados -por conocedores directos- relatores de los hechos, de efectuar alguna pregunta clarificativa y dilucidante »”.

Confirma esta línea interpretativa la doctrina proclamada por la STS 1216/2006, 11 de diciembre , conforme a la cual, el descubrimiento de la verdad material, que es una de las metas de la justicia penal (ex arts. 701-6 º, 713 y 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), permite, en el segundo párrafo del art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, después del interrogatorio de las partes, el Presidente del Tribunal pueda dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

Es, por tanto, a partir de esos precedentes como hemos de resolver la cuestión suscitada. Y constatamos que el desarrollo del plenario de la presente causa conoció una serie de episodios que no pueden calificarse como las vicisitudes propias de la dirección de los debates, o como el deseo por parte de los Magistrados de precisar matices afectantes al verdadero alcance de los hechos.

En el caso que nos ocupa en el que el Presidente del Tribunal dirigió hasta un total de 78 preguntas a quien secundaban una postura contraria a la de la acusación, revela que la Sala asumió tal tesis acusatoria como cierta, tal como explicito la STS. 780/2006 de 3.7 la Sala exteriorizó con claridad de posición del Tribunal tendente a cooperar al éxito de la pretensión condenatoria de la parte acusadora, y consiguientemente, se perdió esa imparcialidad, no porque el Tribunal tuviese un interés particular en el asunto, que no lo tenía, sino que en el aspecto objetivo, la conducta del Tribunal, pues obviamente la acción del Presidente se extiende a todo el Tribunal, exteriorizó y dio cuerpo a un temor en los acusados de que el Tribunal, ya desde el principio del Plenario tenía un prejuicio adelantado y exteriorizado en contra de aquéllos por lo que, razonablemente pensaban que no iban a ser juzgados con imparcialidad.

Y en estas circunstancias en el caso actual las dudas del recurrente sobre la imparcialidad del Presidente del tribunal deben considerarse justificados objetivamente y por ello procede la estimación del motivo, y sin necesidad del estudio de los restantes, ni del recurso interpuesto por el coacusado Estanislao ,en virtud de lo preceptuado en el art. 903 LECrim , anular la sentencia dictada por vulneración del derecho al juez imparcial, ordenando la repetición del juicio con distintos magistrados a los que han dictado la sentencia anulada.

 

 

SAP Valencia (Sección Cuarta) 16/09/2014

Pte. Ilmo. Sr. D. José Manuel Megía Carmona

(TOL 4.545.288)

 

TERCERO .- Estudiados los motivos y revisado el soporte donde se registró el juicio, por encima o previo a constatar si existen algunos de esos motivos fundados por los que se interesa la nulidad, este Tribunal, aplicando el conocido principio de la voluntad impugnativa, que constituye al Tribunal “ad quem” en la obligación de revisar la legalidad de lasa resoluciones al el remitidas en función revisora, no puede dejar de apreciar un vicio que impide la confirmación de la sentencia y que constituye un Prius a los recursos de la defensa del recurrente.

Del examen de la grabación del juicio oral que precedió a la sentencia recurrida se constata que un vicio formal añadido que impediría por sí mismo el mantenimiento de la decisión de condena dispuesta en la sentencia recurrida.

Tal no es otro que el relacionado con la posición activa mantenida por el Sr. Juez de lo Penal a lo largo del juicio a que fue sometido el acusado, con el consiguiente y obligado compromiso que de tal interrogatorio judicial directo, e intervenciones excesivas en la forma y fondo, se proyecta sobre el principio o garantía de la imparcialidad judicial, presupuesto primero de un juicio penal justo y equitativo, tal y como se enuncia en el ya citado artículo 6.1 de la CEDH , reconducido por nuestra jurisprudencia constitucional como exigencia del juicio con todas las garantías que propugna el artículo 24.2 de la CE . ( STC 26/2007, 12 de febrero , y AATC 137/1996 y 228/1990 de 4 Jun. 1990 ; y STS 199/2011 de 30 de marzo ).

En determinadas condiciones, nuestra jurisprudencia ha validado la iniciativa judicial en el curso de los interrogatorios de testigos o peritos en juicio, aceptando que, con algunos límites, no compromete la obligada imparcialidad judicial. El Tribunal Supremo ha admitido la iniciativa judicial, pero únicamente en lo que ha venido a denominarse como prueba sobre prueba, en referencia tanto a la introducción de determinados documentos ( SSTS de 28 de junio de 2000 ; de 26 de marzo de 2001 ; y 24 de marzo de 1999 ), como a la prueba pericial impugnada por las partes ( SSTS de 14 de noviembre de 2002 ; de 1 de octubre de 2002 ; y la de 23 de febrero de 2000 ), y también en el interrogatorio a testigos propuestos por las partes ( SSTS de 8 de junio de 2004 ; de17 de septiembre de 2002 ; y la de 22 de enero de 1992 ). Por su parte, el Tribunal Constitucional admite y reconoce validez a este tipo de iniciativas judiciales en las SSTC 188/2000, de 10 de julio ; 130/2002, de 3 de junio ; y 229/2003, de 18 de diciembre , desde las que se concluye indicando que toda esta iniciativa probatoria ex officio iudicis, cuando se han respectado las exigencias descritas como de mínima observancia, ni vulneran la debida imparcialidad judicial, ni tampoco el derecho de defensa de las partes.

A pesar de ello, en el caso actual, la posición adoptada por el Sr Juez de lo Penal fue mucho más allá de lo permitido en preservación de su imparcialidad, pues no se limitó a dirigir preguntas a denunciado y testigos, interrumpiendo el interrogatorio de las partes, sino que se excedió en lo que es una minima intervención judicial en depuración y búsqueda la verdad, trufando de expresiones nada recomendables y tendenciosas su intervención. Oigase la grabación en sus minutos 11,09, 21,24 y 37 y se tendrá una muestra de lo que se dice y no se desea reproducir aquí.

Pues bien, con el expresado activismo judicial durante el interrogatorio de los testigos de la defensa y el acusado, el órgano de enjuiciamiento adoptó una posición más afín a la de la acusación, a favor de la que buscaba extremos relevantes para la decisión, y con ello incurrió en causa de inhabilidad para la decisión de la contienda en los términos en que lo hizo, porque no solo se excedió en el hecho mismo con expresiones y preguntas que eran propias y genuinas de acusación, por lo que en su discurso incurrió en una formulación manifiestamente capciosa y sugestiva, dado que en ocasiones planteaba la tesis y la respuesta, lo que hace concebir en quien así actuaba un prejuicio sobre lo ocurrido lo que supone una perdida de la imparcialidad objetiva que infringe el derecho de tutela judicial efectiva, por lo que entiende este Tribunal que debe ser declarada la nulidad del Juicio y la sentencia para que por Tribunal distinto se proceda a un nuevo señalamiento y celebrar de nuevo el juicio y que se dicte una nueva sentencia, todo ello declarando de oficio las costas.